No pretendo ejemplarizar todas las actividades profesionales que competen a los abogados, pues no soy especilista en la materia; pero como es precisamente a los que no somos especialistas que dichos profesionales más prestan sus servicios, estamos en capacidad de detectar una situación anómala, fraudulenta o injusta que nos afecte. Por eso, en lo que a los contratos de arrendamiento de viviendas o inquilinato se refoere, es fácil sentirse timados, tanto por un abogado, como por el propietario de un inmueble. Esta es una de las actividades más frecuentes con que se enfrenta un profesional del Derecho en nuestro país.
Vivimos en un país que, como en todos los subdesarrollados, las leyes se crean, pero no se aplican con toda justicia y, las que se aplican, se cumplen en función de una conveniencia coyuntural o en función de la importancia de los involucrados. La ignorancia por parte de un amplio segmento de la sociedad dominicana, de los deberes y derechos, es una ventaja a favor de los abogados que les permite "orientar" a conveniencia. En la ley de inquilinato, por ejemplo, un abogado está conciente que los depósitos en garantía deben depositarse en el Banco Agrícola; saben que ganarán intereses mientras exista el contrato de alquiler, sin embargo, es normal, a pesar de lo ilegal, que el propietario usufructúe el valor dado en depósito y, más aún, que al finalizar el contrato no sean devueltos esos valores. ¿Por qué, si los abogados conocen las leyes, se prestan a esas violaciones?.
Por otro lado, el abogado se beneficia de la ignorancia de la ciudadanía en cuanto a los honorarios que deben cobrar por la legalización de un contrato mediante acto notarial. Pueden cobrar un porciento, como pueden cobrar el equivalente a un mes de alquiler. Asi, si el alquiler está pactado en 15 mil pesos, olímpicamente el abogado notario se embolsilla una cantidad similar por un servicio cuyo costo real es el valor de unos sellos que no llegan a 200 pesos. En adición a semejante estafa, unos "buscones" o "corredores" lanzados a la calle para detectar cualquier propiedad en venta o alquiler, se dedican a mostrar los inmuebles, previo pago de la cantidad que se les antoje, de lo contrario, no muestran nada ni le indican el lugar exacto de la ubicación, no vaya a ocurrir que el interesado identifique al propietario, a quien inducen a no publicar letreros "Se Alquila".
Cuando se entra en negociaciones con el "buscón", éste le lleva a la oficina del abogado, quien le confirma todo cuanto le informó el intermediario corredor quien, además de ganar un porciento de lo que se le paga al abogado, le exige al inquilino una comisión adicional por la dedicación que puso en servirle. Logran sus objetivos, dependiendo del grado de ignorancia del inquilino. Esta situación anormal pero normal, no tiene ninguna instancia a la cual acudir con garantía de éxito. Simplemente es un desorden legalizado por la costumbre. ¿Qué pasaría si, al finalizar un contrato de alquiler, el inquilino exige ante las autoridades competentes, la devolución de sus depósitos, incluidos los interese que éstos generaron?. ¿Cuál sería el papel del abogado notario que intervino?. Aún cuando las leyes protegen teóricamente al inquilino de manera clara, éste no tiene garantías de que un reclamo suyo prospere.
Como las mercancías de consumo, los honorarios profesionales de cualquier sector, si acaso están sujetos a tarifas establecidas por ley, simplemente no se cumplen y no pasa nada. Encima de eso, el fisco es evadido muy a pesar de lo dificil que hoy resulta hacerlo. Se cuentan con los dedos de las manos las fortunas de los abogados apegados a las buenas prácticas. Una importante cantidad de los profesionales del Derecho, son auténticos mercaderes del engaño, que han desprestigiado una profesión llamada a ser noble e indispensable para el desenvolvimiento de la sociedad. La avaricia está haciendo su trabajo.
